Mouris Salloum George*
El poder económico -no todo, sino el remiso- está agotando la existencia de ansiolíticos: Alucina con el espantajo de la amenaza confiscatoria.
Los grandes se dicen dispuestos a invertir y a pagar impuestos. Son los de la Confederación Patronal de la República Mexicana los que sacan del oscuro sótano los tambores de guerra contra la cuarta transformación.
Recordar nomás que el dirigente nacional del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos impulsa una estructura política que le permita a su central la formación de un trabuco con miras a las elecciones de 2021 y 2024.
Le hacen falta al erario federal 700 mil millones de pesos
La situación es la siguiente: En las próximas horas, la Secretará de Hacienda y Crédito Público presentará ante el Congreso de la Unión los Criterios de Política Económica para 2020.
Trasciende en espacios especializados en Economía y Finanzas que la Federación requiere de al menos 700 mil millones de pesos adicionales para atender los requerimientos presupuestales del año próximo.
(Pongamos una referencia: Desde 2017 se habla de que las circulares redes de empresas fantasma causan un boquete el fisco federal de más de un billón de pesos mediante facturación falsa. Podría cerrarse en medio billón en un ejercicio fiscal. No hablamos de condonación o devolución de impuestos; están en otro casillero.)
Todo el engranaje fiscal de la Federación se pone a caballo
La Federación está articulando la acción del Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República y otros órganos punitivos para meter en cintura –eventualmente tras las rejas– a los llamados factureros transgresores.
Acaso de esas operaciones profilácticas pudiera resultar la recuperación de faltantes para los presupuestos de ingresos y egresos del erario público de 2020.
Es obvio que no basta la acción administrativa, en cuyo caso toca la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, para satisfacer el objetivo recaudatorio.
Se invocan leyes de Delincuencia Organizada y Seguridad Nacional
A fin que el omelet fiscal esté en su punto, se precisa que, para poner la sartén a tono, se refuerce la flama con el lubricante legislativo.
Esa misión está en manos de la Comisión de Estudios Legislativos primera del Senado, que ayer dio un paso adelante para sacar el dictamen que penalizaría severamente la emisión de facturas falsas por las empresas fantasma.
No es un asunto menor: Se invoca en esa iniciativa las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, vinculadas al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dicha comisión la preside la panista Mayuli Latila Martínez Simón. La azul, sin embargo, pretende meterá una zancadilla dilatoria. Exige que antes de bajarse al pleno el dictamen, se haga una consulta al procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Algunos de los presuntos implicados pretenden curarse en salud: Están en la sala de espera de la Procuraduría Fiscal de la Federación para ver qué acciones cautelares aconseja.
El Consejo Coordinador Empresarial actúa con reserva
Lejos del mundanal ruido legislativo, la Confederación Patronal de la República Mexicana está poniendo en movimiento a sus filiales estatales y, desde ahora mismo, contratando a abogados fiscalistas y expertos en amparo administrativo para que los hechos no los tomen desprevenidos.
Un aliado le hace falta a la Coparmex: El Consejo Coordinador Empresarial no quiere ponerse el guarache antes de espinarse y aunque ya dio su opinión a comisiones del Congreso de la Unión, prefiere no aparece como cómplice de la evasión fiscal en detrimento de aquellos contribuyentes cumplidos.
No podemos ni insinuar si por esas causas se prepare un septiembre negro, pero siempre que el río suena, agua y grava lleva. Es cosa de esperar para ver de qué están hechos los legisladores de la cuarta transformación. Vale.
